Beca universal, tragedia nacional

 

Beca universal, tragedia nacional

Bernardo Naranjo

La política educativa finalmente parece alcanzar una convergencia entre las principales fuerzas políticas del país: una solución central a los retos que enfrentan nuestras escuelas parece ser la de dar becas a todas y todos los estudiantes. Eso, es lo que propusieron las principales candidatas como parte central de su oferta educativa en el pasado debate entre aspirantes a la Presidencia de la República. La única diferencia entre sus propuestas es que, mientras Claudia Sheinbaum ofrece la beca solamente a los estudiantes de escuelas públicas, Xóchitl Gálvez incluye también a los de las privadas. Hasta ahora ninguna de ellas ha presentado evidencia de que estas acciones contribuyan al incremento de la cobertura, a la disminución del abandono escolar o a la mejora de la calidad; tampoco han hecho saber de dónde provendrían los muy cuantiosos recursos que se requerirían para tales acciones. ¿Estamos ante un consenso que asegura una mejora para la formación escolar de las y los mexicanos, o sólo presenciamos un triunfo de la política electoral sobre la política educativa? 

Antes de responder esta pregunta, debemos responder otras: ¿Es malo ayudar a las familias con dinero para que puedan apoyar desde casa el desarrollo de sus hijos? ¿No es esa una manera más eficaz de utilizar los recursos, en el entendido de que madres y padres tendrán un mejor criterio que las burocracias para utilizarlos a favor de los suyos? En algunos países, hay grupos conservadores que defienden estas tesis. Pero no se trata de calificar o descalificar una propuesta por su orientación ideológica; valorémosla mejor con la evidencia disponible.

Ofrecer un apoyo a las familias de todos los estudiantes sin distinguir su condición económica tiene grandes inconvenientes. Aquí apuntamos tres: es una política regresiva en términos de equidad; no necesariamente resuelve el problema educativo que quiere resolver y; requiere de enormes recursos que deben sustraerse de otros programas con mayor valor educativo.

Primero, un apoyo universal favorece más a las familias de mayores ingresos. En 2019 comenzó a operar la Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior, la cual sustituyó al esquema anterior de becas de ese nivel, que en 2018 benefició a 1.9 millones de estudiantes. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), entre 2018 y 2022 el crecimiento en el número de becas de media superior —derivado de su universalización— benefició a los adolescentes de mayores ingresos: se triplicaron los beneficiaros del 30% de la población con mayor nivel socioeconómico (deciles de ingreso VIII al X, donde el decil I es el más pobre y X el más rico), en tanto que dejaron de recibirla más de 134 mil adolescentes del 10% más pobre del país (decil I). Y lo anterior es muy lógico: cuando ya hay una cuantiosa inversión en becas para familias pobres, los nuevos recursos se orientarán a las personas con un mayor perfil socioeconómico que aún no están cubiertas, pues el presupuesto actual ya cubre a las familias más vulnerables. La misma situación prevalece en la educación básica, por lo que la mayoría de los nuevos recursos irá a las familias más acomodadas.

En un país con las enormes diferencias sociales y económicas como el nuestro, una distribución igualitaria de recursos (dar lo mismo a todos) no es equitativa e incluso podría ser ilegal. Al representar una medida regresiva en términos de la distribución de oportunidades, contraviene el mandato de garantizar con equidad el derecho a la educación que establece el Art. 4º Constitucional en su párrafo décimo sexto, el cual ofrece un marco legal preciso para el diseño de programas de becas:

“El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.”

 

El segundo inconveniente tiene que ver con la falta de evidencia de que este tipo de acciones efectivamente ayude a niñas, niños y jóvenes a asegurar su asistencia escolar, disminuya el abandono y/o eleve la calidad de su aprendizaje. Desde luego hay numerosos estudios que hablan de las bondades de programas de becas cuando se ofrecen a la población de bajos recursos. De hecho, el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez sustituyó a otro, “Becas oportunidades”, que contaba con vasta evidencia favorable. Puesto en marcha en México desde 1997, “Oportunidades” condicionaba los recursos a la asistencia a la escuela y a los servicios de salud. Por sus resultados, el mismo esquema ha sido utilizado en 52 países de América, África y Asia, lo que lo hace uno de los programas educativos más replicados en el mundo. Hay que resaltar que no se trataba de becas universales, sino de apoyos focalizados a las familias más pobres y condicionados a la asistencia escolar.

¿Por qué no conocemos experiencias exitosas de beca universal en otros países? ¿Por qué la UNESCO, la UNICEF, la OCDE y las más prestigiadas instituciones de investigación educativa en el mundo no promueven este tipo de acciones? De hecho, la evidencia en México habla de efectos adversos de una beca universal para evitar el abandono escolar. Un antecedente muy próximo es el programa “PrepaSí”, puesto en marcha en Ciudad de México en 2007, que ofrecía una beca a todos los estudiantes de planteles públicos de educación media superior. Fue la única entidad federativa en la que se puso en marcha una medida de ese tipo. En el ciclo escolar 2006-07, la capital tenía una tasa de abandono de 15.2% en este nivel educativo, lo que la ubicaba en la posición 12 entre las entidades con menor abandono del país. Diez años después de la aplicación ininterrumpida de dicho programa, el abandono escolar en CDMX se elevó a 20.6% lo que la ubicó en el lugar 32 del país: la entidad federativa más próspera tuvo los peores resultados nacionales en abandono escolar a pesar de contar con becas universales. La evidencia nos dice que la falta de recursos es una causal importante de abandono entre las familias menos favorecidas, pero también se requieren apoyos académicos y socioemocionales que deben operar paralelamente a las becas, para los cuales ya no quedan recursos.

El tercer inconveniente es el sacrificio de acciones educativas que será necesario realizar para poder financiar la beca universal. Si ésta se cubriera exclusivamente con dineros frescos que se agregan al presupuesto existente, el programa al menos no afectaría a otros programas educativos. Pero la evidencia reciente del Programa de Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior nos dice que —en ese caso— solamente se trató de una reasignación del presupuesto existente. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), órgano técnico y apartidista de la Cámara de Diputados, entre 2018 y 2020 el presupuesto educativo se mantuvo estable aun con la puesta en marcha de dicha beca, que en 2020 requirió de recursos por 31.7 mil millones de pesos.

 

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Si fue posible echar a andar un programa tan cuantioso sin incrementar el presupuesto total para educación, ¿de qué rubros se sustrajeron los recursos para financiarlo? Uno de los programas que mostró mayores recortes entre 2018 y 2024 fue el de “Desarrollo profesional docente” (capacitación de maestras, maestros y directivos escolares en servicio), con una reducción de ¡88 por ciento! en términos reales. Cabe apuntar que el desarrollo profesional docente es, en mi opinión, el componente más importante en todo proceso de mejora de la calidad, de manera que esta reducción condena al sistema educativo a un estancamiento, cuando no a un franco retroceso de la misma. Y qué decir de la desaparición del “Programa de escuelas de tiempo completo”, que fue eliminado en su totalidad aun cuando se trataba de un programa evaluado muy positivamente tanto por especialistas como por las familias.  

Otros de los programas que atienden a los mexicanos más pobres también vieron reducir sus recursos de manera sustancial. Entre 2018 y 2024, el presupuesto para las escuelas comunitarias a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), que atiende a las comunidades más aisladas del país, disminuyó en 12.7% en términos reales; el del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), responsable de promover la alfabetización y la educación básica entre adultos que no cuentan con ella, cayó en un 45% real. Se trata de decrementos presupuestales históricos. Para incluir en el programa de becas a familias de clases medias y altas, el gobierno le retiró recursos a las instituciones que atienden a los más pobres, quienes recibirán una educación de menor calidad sin obtener ningún beneficio adicional a lo que ya recibían. Lo anterior sólo profundiza el carácter regresivo de las becas universales.

Si todos los programas anteriores debieron sacrificarse para agregar un promedio de $35 mil millones a los programas de becas cada año, ¿qué nos espera si queremos financiar una beca universal de educación básica que debe agregar más de 90 mil millones de pesos a lo ejercido en 2023? (107 mil millones si se incluyen estudiantes de escuelas privadas, como lo propone Xóchitl Gálvez). Cualquiera de estas cantidades es superior al presupuesto para construir el AIFA —la propuesta equivale a construir un nuevo aeropuerto cada año— y tendría que ser agregado anualmente al presupuesto. Con recursos limitados y un déficit fiscal que ya no permite más deuda, las finanzas educativas quedarían secuestradas: los gobiernos se dedicarían a buscar presupuesto, no para invertirlo en programas que fortalecieran a las instituciones educativas, sino para debilitarlas mediante la sustracción masiva de recursos para financiar las becas.

En suma, las principales candidatas a la Presidencia proponen programas regresivos en término de equidad, sin evidencia de éxito, y de un altísimo costo que atenta contra el presupuesto de todos los demás programas educativos. Ello hará perder la oportunidad de atender los enormes desequilibrios actuales y perpetuará las diferencias existentes: la beca universal no necesariamente disminuye el abandono escolar, pero tampoco ayuda a los 5.3 millones de personas de 3 a 17 años que según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI no asisten a la escuela; ni tiene un efecto en el aprendizaje en un país en donde dos tercios de las personas concluyen la educación media superior sin un nivel mínimo aceptable de aprendizajes; ni atiende las necesidades socioemocionales de docentes y estudiantes. Todo por un apoyo que disfrutarán más las familias favorecidas y los políticos, y que terminarán pagando los más pobres.

Si buscamos promover la equidad en la educación, ¿por qué no mejor proponer un programa histórico que no abarque a las familias más favorecidas, pero que multiplique su monto para las más pobres y ofrezca un apoyo más integral? (uniforme, útiles escolares, transporte); ¿por qué no reforzar los apoyos académicos a las escuelas de menor rendimiento académico o nivel socioeconómico, para abonar a la equidad por la vía de la calidad? Tenemos que incrementar sensiblemente la capacitación docente; fortalecer la gestión y la supervisión escolares; distribuir cada vez mejores materiales de apoyo para docentes y alumnos; y asegurar el equipamiento básico en cada escuela, por citar algunas acciones claramente necesarias. Ha habido ya experiencias muy positivas en estos temas en varios estados del país , —Aguascalientes en los años 90, Colima en los 00; Durango, Puebla, Sonora y Jalisco en la década pasada, por citar algunos casos— los cuales han logrado muy buenos resultados con recursos mucho menores a los que requieren las becas universales. Hay que ponerse a trabajar: necesitamos concentrar los recursos ahí donde la escuela debe compensar las desventajas económicas, culturales y sociales de las familias más pobres. Así podremos obtener mucho mejores resultados en esas escuelas y en todo el sistema educativo. Esa sí sería una verdadera transformación a favor de la equidad y la calidad.

 

Bernardo Naranjo es investigador y asesor educativo. Dirige Proyecto Educativo SC y codirige SEE Learning México