Reformas judicial y educativa 2012: mismos errores
Reformas
judicial y educativa 2012: mismos errores
Bernardo Naranjo
La reforma
judicial recién aprobada por el Congreso y publicada por el Ejecutivo tiene
varias características muy similares a la reforma educativa emprendida por el
Presidente Peña Nieto a inicios de su sexenio, específicamente en lo referente
a la evaluación para la permanencia docente. Sin duda se trata de políticas
públicas de muy distinta naturaleza en diferentes ámbitos, pero es difícil
ignorar la repetición de patrones que, en el caso de la reforma educativa, resultan
esenciales para entender el porqué de su corta vida.
Encontramos
al menos las siguientes similitudes:
- Aspectos esenciales de ellas no están respaldados por la evidencia
- Parecen estar muy influenciadas por rencillas personales
- Señalan a un grupo específico como culpable de grandes males
- Su diseño ignoró opiniones muy calificadas, incluyendo a los propios responsables de
implementarlas
- Se plantea aprobarlas
rápido e implementarlas en grande desde
el principio
- Se ponen en marcha sin asegurar las capacidades técnica, financiera,
operativa y política necesarias para llevarlas a cabo
- Nacen con importantes contradicciones de origen
Las reformas
La reforma judicial introduce cambios
significativos en el sistema de impartición de justicia. Resaltamos los
siguientes:
- Elección popular de los más de 1,600 jueces y magistrados,
así como de los ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de
la Judicatura Federal y magistrados del Tribunal Electoral Federal. Las
elecciones se llevarán a cabo en dos momentos: 2025 y 2027.
- Reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) de 11 a 9, los cuales tendrán un
salario no mayor al de la Presidenta de la República y no contarán con
pensión vitalicia.
- Creación de un nuevo órgano para la administración judicial y un
Tribunal de Disciplina para supervisar el funcionamiento del Poder
Judicial.
La reforma educativa, aprobada en diciembre de
2012, partió de una enmienda constitucional para establecer cambios
sustanciales en el sistema educativo. El más relevante fue el establecimiento del Servicio
Profesional Docente, con su respectiva Ley (LSPD), que determinaba los términos
y condiciones para la promoción, reconocimiento y permanencia en
el servicio de maestras y maestros, incluyendo los procesos de
evaluación respectivos.
Si bien la
reforma proponía asignar plazas docentes y ascensos por la vía de concursos de
oposición, la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE) y otros componentes, en el presente análisis nos referiremos
exclusivamente al que causó mayor controversia: la evaluación para la permanencia,
que establecía que todos los docentes debían de evaluarse cada cuatro años para
determinar si requerían capacitación o, en caso de reincidir con resultados
insuficientes en tres ocasiones, debían ser retirados de las aulas.
1.
Falta
de evidencia
Emprender
cambios en el quehacer público requiere contar con una certeza razonable de que
las propuestas cuentan con viabilidad técnica, legal, financiera, operativa y
política. Cuando se trata de acciones nuevas en el país, y más aún si tienen
grandes repercusiones en la vida pública, es deseable recurrir a la investigación
relevante, al diálogo inclusivo y, de haberla, a la experiencia en otros lugares.
Ambas reformas carecen de estos elementos. La bibliografía existente no ofrece
elementos que soporten su puesta en operación y, en cuanto a experiencias
internacionales, la evaluación universal docente tenía en Chile a un referente
de muy reciente implementación que aún no demostraba sus beneficios, mientras
que la reforma judicial tiene como único antecedente lo puesto en marcha en Bolivia, con similares limitaciones para
establecerse como parámetro.
2.
Las
rencillas personales que inciden en las reformas
Al iniciar
su gestión, el Presidente Peña Nieto nombra como Secretario de Educación
Pública a Emilio Chuayffet, quien tenía un antecedente de confrontación
directa con la
maestra Elba Esther Gordillo, entonces líder del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) cuando ambos eran diputados federales.
Recuerdo a la Mtra. Gordillo avalar la reforma, siempre y cuando se excluyera la
palabra “permanencia”. En otros tiempos, esa reserva sindical hubiese sido
aceptada, pero al parecer los rencores existentes combinados con el poder
presidencial del momento fueron motivos para ignorar la propuesta sindical, que
hoy sabemos era correcta.
La
rencilla personal del Presidente López Obrador con la Ministra Presidenta Lucía
Piña es por demás conocida. Ella ha debido trabajar en un ambiente político
especialmente adverso alimentado por múltiples referencias negativas y
descalificaciones directas por parte del propio Presidente. Todas sus solicitudes de diálogo
y sugerencias fueron sistemáticamente rechazadas por el Ejecutivo y sus afines.
Al igual que en la evaluación de permanencia de la reforma educativa, la
emoción parece haber desplazado a la razón.
3. Señalaron
a un grupo específico como culpable de los grandes males
De acuerdo con el discurso de la reforma educativa
2012, el SNTE y su lideresa, Elba Esther Gordillo, eran importantes obstáculos
para mejorar la calidad en el sistema educativo. Funcionarios
y organizaciones de la sociedad civil respaldaban esta hipótesis
y el discurso funcionó para impulsar la reforma e incluir en ella a la
evaluación de permanencia. Con el tiempo, el SNTE hábilmente logró que los
docentes percibieran las críticas al sindicato como una acusación al magisterio
en general, y las características de la evaluación de permanencia contribuyeron
enormemente a ello.
El discurso de la reforma judicial señala a los jueces
como grandes responsables de las ineficiencias en la administración de justicia,
como lo subrayan tanto el Presidente
López Obrador como los representantes
de su partido en el Congreso. No hay mención alguna a otros actores
fundamentales en la impartición de justicia como son los ministerios públicos y
las fiscalías.
Los señalamientos incisivos a un actor en particular
empobrecen el diagnóstico y dificultan una comprensión más amplia y objetiva de
los retos a atender. Todo ello reduce sus posibilidades de éxito.
4.
Su
diseño ignoró a voces muy calificadas, incluyendo a los propios responsables de
implementarlas
En la
reforma educativa de 2012, amplios sectores del magisterio
veían en la evaluación de permanencia un señalamiento injusto a su labor y un
elemento innecesario de amenaza a la estabilidad laboral. Si bien toda reforma educativa
recibe críticas importantes por parte de grupos tradicionalmente adversos al
partido en el gobierno, esta vez las opiniones contrarias provinieron también
de docentes y organizaciones magisteriales que normalmente no se movilizaban
contra las decisiones gubernamentales. Sus voces fueron minimizadas o
ignoradas.
La reforma
judicial repite el esquema: académicos, organizaciones de abogados,
estudiantes, empresarios y empleados del Poder Judicial, entre otros, han
manifestado su oposición a aspectos concretos de
la reforma. Sus reservas
y propuestas no fueron puestas a debate.
Es
especialmente imprudente ignorar a los empleados del Poder Judicial, como antes
se hizo con los docentes, pues representa agraviar a quienes habrán de tener en
sus manos la implementación de las reformas. El resultado ahora podría ser el
mismo que entonces.
5.
Se
plantea aprobarlas rápido e implementarlas en grande desde el principio
La
complejidad de ambas reformas, combinada con su novedad, debía ser motivo para
maximizar la prudencia. No hay manera de prever todos los retos que se habrán
de presentar en su implementación, por lo que se podría comenzar con algún
piloto (por ejemplo, un nivel educativo o algunos estados si se trata de lo
educativo; un número acotado de jueces y magistrados, en el caso de lo judicial)
que permita conocer su implementación y ajustar su diseño antes de proponer su
inclusión en la Constitución y su operación a escala nacional. Pero los
políticos con mucha frecuencia buscan que las cosas ocurran rápido, bien y a
escala nacional para mandar un mensaje de fuerza política, de altas
aspiraciones y de capacidad operativa. La experiencia, sin embargo, aconseja
elegir: si se quiere rápido y bien, no se recomienda comenzar en grande; cuando
la prioridad es hacerlo en grande, hay que cuidar el equilibrio con la rapidez para
no afectar la calidad.
La reforma
judicial debía estar aprobada en septiembre a petición del Presidente, aun cuando ello representaba
riesgos importantes. El líder del partido mayoritario propuso públicamente que su
aprobación se viera como un regalo de despedida al titular del
Ejecutivo. La
reforma educativa fue la primera de la administración del Presidente Peña Nieto,
y su aprobación en el Congreso ocurrió apenas tres semanas después de su toma
de posesión.
La prisa
obligó a los responsables de estas reformas a minimizar los muy necesarios
procesos de consulta y concertación. Ambas parecen priorizar los significados
por encima de los contenidos, y ello representa un gran riesgo para el éxito de
cualquier acción pública.
6. Se
ponen en marcha sin asegurar las capacidades técnica, financiera, operativa y
política necesarias para llevarlas a cabo
La reforma educativa, como estaba planteada en la ley,
exigía contar en lo inmediato con instrumentos de evaluación apropiados para
docentes de todos los niveles y todas las asignaturas; un número enorme de personas
calificadas para su aplicación y calificación; esquemas de capacitación
específicos para atender las oportunidades de cada docente; capacitadores de
calidad en todo el país, etc. Estábamos muy lejos de contar con ello y hacerlo
requería varios años de trabajo intenso.
En la reforma judicial, las cosas no se ven muy
diferentes. La complejidad de los cambios a realizar, combinada con una
elección de jueces y magistrados de gran escala a realizarse en 2025, obligará
a acelerar las leyes secundarias; la creación de los nuevos organismos; el
diseño detallado de mecanismos de selección de jueces y magistrados; la
elaboración de los instrumentos a utilizar en el proceso de evaluación; la
inducción a sus puestos; la puesta en marcha de mecanismos que minimicen el
impacto de los cambios en la gestión de asuntos en marcha, etc. Mientras se
transforma, el Poder Judicial seguirá recibiendo el trabajo que ya hoy lo
rebasa, por lo que habremos de esperar afectaciones importantes en su operación
agravadas por la curva de aprendizaje de quienes recién se incorporen. Las
afectaciones provocarán rezagos y el crecimiento de los rezagos tenderá a
disminuir el apoyo político hacia la reforma.
7. Nacen
con importantes contradicciones de origen
Una reforma educativa, en su sentido más amplio, debe plantearse
como resultado de un proceso de diálogo y construcción colectiva sustentado en
la evidencia. Sin ésta, la evaluación para la permanencia pareció más bien una decisión
derivada de un diagnóstico que sobredimensionó la responsabilidad del sindicato
en el retraso educativo, alimentado por el rencor hacia una líder nacional que
en realidad no
mostraba una postura beligerante hacia los otros cambios propuestos.
Lo educativo se volvió vindicativo. Eso tuvo graves consecuencias: si bien hacia
el final de ese sexenio los concursos para el ingreso y la promoción docente
gozaban de un respaldo mayoritario del magisterio, la evaluación para la permanencia
presentaba un fuerte rechazo.
La reforma judicial, que por su naturaleza debiera ser
ejemplo de justicia y legalidad, pudo avanzar por el desdén hacia varias suspensiones
otorgadas por jueces y tribunales federales antes de
promulgar la reforma. Más aun, la mayoría calificada necesaria en el Senado de
la República para pasar la reforma constitucional se debió construir con una
negociación que ofreció a un Senador de oposición no ejecutar órdenes de
aprehensión hacia su familia a cambio de su voto. Es una
reforma que nace incumpliendo procesos y negociando la justicia, lo cual lastima
su legitimidad.
Conclusión
La
historia se repite. Quienes en teoría son adversarios, actúan de manera muy
similar ante la posibilidad de hacerlo. La lógica política se sobrepone a la
legal y a la educativa. En este último caso el precio fue muy elevado para el gobierno,
pero también para el país. Por una parte, la reforma educativa representó un
reto constante para la gobernabilidad y la popularidad del Presidente Peña
Nieto, pero por la otra la educación se vio afectada en 2019 por una
contrarreforma que de inmediato eliminó la innecesaria evaluación para la permanencia,
pero también borró la palabra “calidad” de toda la normatividad educativa y
revirtió componentes académicamente valiosos, como lo eran los concursos de ingreso y
promoción, entre otros aspectos.
La reforma
judicial, una vez que comiencen a resentirse sus limitaciones, podría también
marcar la gestión de la Presidenta Sheinbaum por haberla avalado. Al final, y
luego de un enorme y evitable desgaste, es muy probable que debamos seguir
esperando un Poder Judicial eficaz en la impartición de justicia, así como hoy
aun esperamos una política educativa menos política y más educativa.
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