Retos de CSP ¿Cómo cambiar la educación con un discurso de continuidad?

 

Retos de CSP ¿Cómo cambiar la educación con un discurso de continuidad?

Bernardo Naranjo

Estamos ante una situación poco usual en el sistema educativo mexicano. El inicio de una nueva administración —normalmente— es una gran oportunidad para los equipos entrantes de cualquier ámbito: tienen la posibilidad de identificar los retos y oportunidades para luego orientar sus acciones de la manera que crean más conveniente, además de tener la posibilidad de refrescar personas y estructuras. Sin embargo, la nueva administración esta vez ha declarado el propósito de dar continuidad a la gestión previa. Esto es nuevo porque, en el pasado, aun cuando un partido político repitiera en la administración federal, siempre ocurrían cambios importantes. Un discurso de continuidad no podrá atribuir las deficiencias actuales a la administración anterior, aunque probablemente recurrirá a los sexenios previos. Se esperarían cambios en algunas estrategias y programas, pero siempre con cuidado de no resaltar las deficiencias recientes.

Lo anterior tiene una complejidad adicional. Concluye un sexenio que inició con mucha claridad de las grandes necesidades del sistema educativo: equidad, excelencia, revaloración magisterial, transparencia; pero que careció de los elementos necesarios para alcanzar los objetivos inicialmente propuestos. Acertó en el diagnóstico, pero el diseño de programas y su ejecución se quedaron cortos. Dar continuidad a una administración exitosa puede ser difícil, pero cuando no lo fue, la continuidad adquiere una complejidad aún mayor. A continuación, algunos retos que, de atenderse, me parece que pondrían al gobierno entrante en una mucho mejor posición.

Primero, establecer una agenda que priorice las necesidades educativas de las niñas, niños y jóvenes, para asegurar que todos ellos asistan, permanezcan y adquieran conocimientos y habilidades para su vida personal y profesional. Esa es la razón de ser del sector educativo y no puede ser ignorada, disminuida, ni pospuesta. El discurso del sexenio que termina prácticamente omitió a las niñas, niños y adolescentes, y se centró en temas económicos de docentes y familias. Ello parece ignorar que la lucha por los derechos laborales del magisterio es plenamente compatible con el avance en los propósitos académicos del sector educativo, como se ha observado en todos los países y en los estados mexicanos que han alcanzado logros significativos.

Recuperar la búsqueda de la mejora educativa es también una estrategia prioritaria para la equidad: mientras que las clases medias y altas pueden compensar cualquier percepción de insuficiencia en la educación pública, las clases menos favorecidas deben asumir las pérdidas y esperar nuevos vientos, pues no pueden llevar a sus hijos a escuelas privadas, cursos de regularización, actividades artísticas o cualquier otra actividad complementaria. Parece evidente, pero experiencias recientes obligan a reiterar que la política pública debe recordar en todo momento la razón primera de contar con un sistema educativo.

Segundo, reforzar los equipos técnicos en la SEP y en todos los organismos a su cargo. El sector educativo se caracteriza por contar cuadros que pueden mantenerse durante años e incluso décadas, especialmente en las áreas más técnicas de sus instituciones. Tanto en la Federación como en los estados, las áreas de diseño curricular, formación docente, control escolar, evaluación y muchas otras, suelen mantener a sus equipos por el nivel de especialización que requieren y porque se rigen por normatividades muy específicas. En la administración saliente, sin embargo, los continuos recortes a la estructura de la SEP afectaron en buena medida a esas y a muchas otras áreas. Personal muy calificado, y sin ninguna vinculación partidista, tuvo que dejar el sistema educativo.   

La nueva administración debe asegurarse de contar con cuadros altamente calificados en las tareas más sustantivas del sistema educativo. La hipótesis del “90% honestidad y 10% experiencia” fue una triste justificación para nombrar a personas sin perfil en posiciones técnicas, y parece implicar que una persona competente y con experiencia no puede ser honesta. Eso es evidentemente falso. Una “oportunidad” de SEP para hacerse de cuadros es la desaparición de Mejoredu, que dejará en libertad a una cantidad importante de personas calificadas y con experiencia. Ahí y en muchos lugares más hay gente muy capaz. Ojalá los sepan valorar. México tiene mucho talento, aunque sus gobiernos insisten en desaprovecharlo. Con gente calificada, la educación podrá lograr mucho más con los mismos recursos.

Tercero, articular políticas educativas verdaderamente orientadas a impulsar la equidad educativa. En un gobierno que se presenta como de izquierda, la equidad debe estar al centro de la acción pública. La administración saliente mantuvo una agenda simplificada en cuatro puntos que no ofrecen evidencia de haber avanzado en ese objetivo: la revalorización del magisterio; las becas universales; el programa La escuela es nuestra y el cambio de contenidos en la educación básica. Lo que prometía buscar la equidad, las becas universales, ha sido más un retroceso que un avance en materia de equidad y deben replantearse como propuesta, a riesgo de seguir profundizando las disparidades que hoy afectan a la educación mexicana.

Más que apoyos universales, avanzar en la equidad requiere de concentrar mayores esfuerzos en las escuelas y las familias con mayores retos económicos y académicos. Incluye además fortalecer instituciones como el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) y el Consejo Nacional para el Fomento Educativo (Conafe) que atienden a los grupos más marginados del país, y que en el sexenio que concluye vieron seriamente recortados sus recursos. Así mismo, hay que recuperar y reformular los programas para atender grupos indígenas, de jornaleros agrícolas, migrantes, y de personas con discapacidad. Ahí es donde se construye la equidad.

De utilizar los recursos existentes de manera estratégica, la administración de la presidenta Sheinbaum podría construir un programa histórico para fortalecer la equidad, que oriente mayores recursos y los mejores esfuerzos en capacitación docente, infraestructura, materiales educativos, becas, incentivos, actividades extracurriculares y acompañamiento a estudiantes y escuelas en las comunidades más pobres del país. Todo eso puede hacerse con una mejor distribución de los mismos recursos con los que hoy cuenta la educación. Es una gran oportunidad que no puede seguir postergándose en aras de dispersar recursos en becas sin una clara intencionalidad educativa.

Cuarto, reformular las acciones impulsadas por la administración que concluye para reforzar su operación y hacerlas más compatibles con sus objetivos formales. Si bien hay programas con un claro propósito educativo, en varios de ellos su operación no logra atenderlo: algunos quedan cortos y en otros su diseño los convierte en un retroceso. Ahí es donde se requiere un diagnóstico que integre voces plurales de docentes y académicos, sustentado en evidencia y abierto a identificar con claridad retos y oportunidades.

La Nueva escuela mexicana (NEM) podría beneficiarse con una mayor claridad para su implementación, así como de herramientas y recursos para que las escuelas se apropien del modelo; La escuela es nuestra sería más eficaz al escuchar la voz de los colegiados docentes, asegurar la calidad técnica de las obras y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas; los programas de becas contribuirían a la equidad si concentran recursos en las familias de menores ingresos y, a efecto ser una formula eficaz para abatir el abandono escolar, son complementados con apoyos académicos y psicológicos; los planes y programas se enriquecerían con la visión de grupos mucho más amplios de académicos y docentes; las universidades Benito Juárez podrían trazar una ruta diferente para convertirse en verdaderos centros de formación profesional que impulsen la productividad y la movilidad social.

Quinto, renovar las acciones tradicionales del sistema educativo para asegurar su capacidad técnica y operativa. Los recortes presupuestales a la SEP y las prioridades trazadas desde la Presidencia de la República debilitaron su gestión y afectaron procesos de la mayor relevancia que es indispensable impulsar: formación, ingreso y promoción docente; diseño de planes y programas de estudio; elaboración de materiales de apoyo para docentes y estudiantes; programas para grupos vulnerables (educación especial, de migrantes, comunitaria, indígena); evaluación de estudiantes, escuelas y políticas educativas; construcción, mantenimiento y remodelación de infraestructura; coordinación entre Federación y estados; entre muchos otros.  

El cambio de administración también abre la posibilidad de reestructurar la operación del sistema educativo para explorar nuevas oportunidades, por ejemplo, ampliar el ámbito de la acción educativa pública más allá de la escuela, para ocupar espacios en la calle, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en los centros de reclusión; elevar la articulación de las escuelas formadoras de docentes (normales, UPN) con las escuelas de educación básica; procurar una mejor articulación entre los subsistemas de educación media superior y una mayor vinculación de éstos con la educación básica; incrementar los espacios de intercambio entre estudiantes y docentes de distintos estados y países, por citar algunas ideas.

Sexto, repensar la relación entre el gobierno y el magisterio. Luego de dos sexenios particularmente complejos, es necesario llegar a un punto de equilibrio en el que los docentes sean vistos como profesionales de la educación, interesados en la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes, con espíritu crítico y capacidad de decidir. Las últimas administraciones han concentrado esta relación en los temas económico-laborales, como si lo único que moviera al magisterio fuera lo salarial: una estableció premios y castigos según los resultados de evaluaciones estandarizadas, y la otra los eliminó sin construir una alternativa profesionalizante. 

Sin dejar de reconocer que las condiciones laborales son esenciales en éste y en cualquier otro ámbito, me parece que el gobierno ha sido errático en sus mensajes. En algunas ocasiones, las maestras y maestros son agentes capaces y de total confianza, como cuando la falta de presupuestos, programas y apoyos hacen que, apelando a la “autonomía profesional”, ellos deban resolver la implementación en el aula de la Nueva escuela mexicana por sus propios medios. Pero en otras, se vuelven incapaces, poco confiables e indignos de los recursos gubernamentales: así ocurre cuando se eliminan programas para la mejora escolar que aportaban sus recursos a los directivos escolares y se les entregan a los padres de familia; cuando se impide que los docentes decidan si un estudiante debe o no repetir grado; o cuando se minimizan los recursos para la capacitación y para la promoción horizontal.

Independientemente del tipo de relación que mantengan la SEP y los liderazgos sindicales, la línea de trabajo hacia el magisterio nacional puede y debe ser más consistente con el discurso. Si los consideramos profesionales, entonces hay que invertir más en su formación inicial y su fortalecimiento profesional; ampliar y transparentar sus posibilidades de promoción horizontal y vertical; dignificar sus áreas de trabajo; generar mecanismos eficaces para conocer su percepción y abrir espacios para hacerlos partícipes en el diseño de la acción educativa en su conjunto. Habrá también que ampliar el concepto de “bienestar docente” para que éste, además de los temas laborales, incorpore su bienestar emocional, renueve su prestigio social y premie la eficacia de su labor: no podemos seguir siendo un sistema ingrato que sólo reconoce al docente en los discursos y cuando cumple 20, 30 o 40 años de servicio.

Séptimo, iniciar un diálogo amplio y auténtico que acerque a los actores educativos, con miras a generar las condiciones para poder construir un modelo educativo inclusivo, que represente a la sociedad mexicana en su conjunto y que pueda trascender más allá de la administración que inicia. Las administraciones federales en este siglo han construido sus propuestas recurriendo mayoritariamente a personas afines, y hemos visto cómo esas propuestas se ven prematuramente desechadas una vez que cambia el gobierno. Un modelo educativo debe sustentarse en la generación de consensos en torno a contenidos y al tratamiento de éstos. Para ello, es necesario incluir —independientemente de su afinidad partidista— a docentes, directivos y supervisores escolares; autoridades estatales; representaciones sindicales; padres de familia; académicos y especialistas; empresarios; gremios profesionales, entre otros. Un modelo educativo requiere formularse con base en consensos que garanticen su viabilidad y sustentabilidad.

El mejor momento para abrir ese diálogo es al inicio de la administración, cuando hay el espacio y la disposición para construir, probar, hacer las modificaciones necesarias y generalizar. En los sexenios previos, se propusieron nuevos planes y programas hacia el final del sexenio (2011, 2017, 2023), lo que propició que el cambio de gobierno ocurriera antes de completar su implementación. Los dos últimos incluyeron ejercicios de consulta que, por su formato, fueron sólo mecanismos para buscar darle legitimidad a las acciones que ya habían sido previamente acordadas.

Este diálogo puede ser también parte de un proceso más amplio de acercamiento y distensión en nuestra sociedad. La historia nos recuerda que, si algo ha afectado recurrentemente a nuestro país, son las divisiones internas. Cuando eso ocurre deja de haber ganadores, pues en una nación debilitada a la larga perdemos todos. Para generar un diálogo constructivo tenemos que recuperar el valor de la evidencia por encima de la calificación o descalificación personal; apelar a la empatía más que a supuestas autoridades morales y abrirnos a la construcción colectiva de un modelo que no sea de izquierda ni de derecha, sino de México.

El sector educativo es en general noble y optimista. Queremos que la nueva administración tenga el mayor de los éxitos, pues eso nos beneficiaría a todos. Esperamos mucho de la primera mujer presidenta de México, quien también es la primera persona en ocupar ese cargo con un doctorado en ciencias básicas (una científica en toda la extensión de la palabra). El éxito no solo requerirá de conocimiento y experiencia, sino también de voluntad y valor para hacer lo necesario. En la política educativa, la política debe estar al servicio de la educación y no al revés, pues siempre es posible conciliar lo educativamente correcto con lo políticamente deseable. Muy pronto sabremos a qué aspirar.

 

 

Bernardo Naranjo 
Investigador y asesor educativo. Dirige Proyecto Educativo SC y codirige Educación para Mente y Corazón AC.